Lo justo y lo social
La encendida, pero siempre insuficiente, defensa de la igualdad ante la ley, frente a la igualdad por la ley, suele tener un mal recibimiento en la mayoría de los ciudadanos atrapados por el pensamiento colectivista. Muchos, quizás la mayoría de nuestros conciudadanos consideran normal que lo social reemplace a lo justo, nada extraño si tenemos en cuenta que para el colectivismo ambos conceptos son una misma cosa.
"Lo justo" implica la aceptación de la existencia de una certeza: Que un individuo será juzgado de acuerdo a sus acciones, por medio de un patrón que puede conocer. Es cierto que los principios anteriores no garantizan que las leyes sean justas y las condenas por tanto merecidas, pero trato de defender que son condiciones necesarias, aunque no suficientes, para que la ley no abandone a la justicia. Frente al caracter de estas reglas tenemos las defendidas por "lo social".
Lo "social" es un concepto indefinido y por tanto sujeto a la conveniencia del momento y las personas afectadas. por eso tiene tantos defensores, todos aquellos que esperan verse beneficiados en algún momento por unas reglas que admiten una interpretación
Tenemos un buen ejemplo de lo anterior en la denominada alarma social (social, cómo no), que justifica si un delincuente ha de estar en la carcel o no. En buena lógica los criminales debieran ser encerrados no según la simpatía que según alguien despiertan en el público, sino en función del peligro que representen.
¿Quien es ese alguien a quien me refiero?. Cuando nos resulta imposible conocer la pena que se aplica a cada delito, esta queda, inevitablemente, en la opinión de quien detente la decisión. La seguridad jurídica se basa en el conocimiento fiable de cómo reacciona la Administración, y sobre todo el sistema de justicia, pero cuando las decisiones se convierten en una cuestión de opinión y sentimientos es imposible conocer cual será el comportamiento del órgano decisorio, incluso si se conocen con anterioridad otros casos similares.
Si han tenido tratos con la administración, es muy probable que hayan llegado a la conclusión de que las decisiones dependen exclusivamente de la opinión del funcionario, y no de leyes a las que podamos apelar. Se trata únicamente de un sentimiento, pero está por convertirse en real si examinamos el espíritu de las leyes y ordenanzas que se aprueban en la actualidad: muchas de ellas hacen referencias explicitas a que algo estará permitido en función de si existen informes positivos de los servicios técnicos, que deben considerar si entra dentro de lo que consideran correcto según su opinión.
Es posible que la opinión de los decisores sea justa, pero no tenemos ninguna garantía. De lo que podemos estar seguros es de que una ley adaptable a la opinión o conveniencia del momento siempre considerará correcta tal decisión. ¿Existe alguna seguridad en tal caso? ¿Alguna forma de defenderse de las injusticias que se puedan cometer en nombre de la ley?.
